En el sector de la construcción, las empresas subcontratadas están acostumbradas a trabajar con exigencia, responsabilidad y cumplimiento. Cada obra requiere planificación, prevención, coordinación, documentación, seguros, formación, permisos y una larga lista de obligaciones que forman parte del día a día de cualquier empresa seria y profesional.
Nadie discute la necesidad de controlar la documentación. Nadie cuestiona la importancia de garantizar que quienes acceden a una obra cumplen con sus obligaciones laborales, fiscales, preventivas y administrativas. La seguridad, la legalidad y la trazabilidad son pilares fundamentales para que el sector funcione correctamente.
El problema no está en cumplir. El problema está en cómo se está obligando a cumplir.
En los últimos años, muchas empresas subcontratadas se han visto forzadas a utilizar plataformas digitales de gestión documental impuestas por las empresas contratistas como condición imprescindible para poder entrar en obra o prestar un servicio. En teoría, estas herramientas deberían facilitar la gestión, ordenar la documentación y agilizar los procesos. En la práctica, sin embargo, se han convertido en una carga cada vez más pesada para muchas pequeñas y medianas empresas.
Porque no hablamos de una única plataforma, común, homogénea y sencilla. Hablamos de múltiples plataformas distintas, cada una con sus propios criterios, procedimientos, formatos, validaciones, plazos y costes. Una misma empresa puede verse obligada a subir la misma documentación una y otra vez, en sistemas diferentes, para clientes diferentes, con exigencias que no siempre son iguales y con revisiones que consumen tiempo, recursos y paciencia.
Y ese tiempo no es gratuito. Cada hora dedicada a subir documentos, corregir incidencias, revisar caducidades, responder requerimientos o perseguir validaciones es una hora que la empresa deja de dedicar a producir, presupuestar, organizar equipos, atender clientes o ejecutar trabajos. Es una carga administrativa que, en demasiadas ocasiones, recae sobre estructuras empresariales pequeñas, con pocos medios y con márgenes cada vez más ajustados.
A ello se suma una cuestión especialmente preocupante: el coste económico. Hay empresas para las que el uso de estas plataformas puede llegar a suponer varios miles de euros al año. En algunos casos, cantidades tan elevadas que se convierten en una auténtica barrera para trabajar. La paradoja es evidente: la subcontrata debe pagar para poder acceder a una obra en la que ha sido contratada. Es decir, paga por utilizar una herramienta que no ha elegido, que le ha sido impuesta y que, en buena medida, beneficia a quien exige el control documental.
La digitalización debería servir para simplificar, no para trasladar costes. Debería reducir duplicidades, no multiplicarlas. Debería facilitar el trabajo de las empresas, no convertir cada acceso a obra en una carrera de obstáculos administrativos.
La situación se agrava todavía más cuando se producen fallos en las plataformas. Empresas que han presentado su documentación correctamente se encuentran con que no pueden acceder a la obra porque el sistema no refleja el visto bueno, porque hay una incidencia informática o porque la validación no ha llegado a tiempo. Y aunque después se reconozca que el problema no era imputable a la empresa, el perjuicio ya está hecho: trabajadores desplazados, jornada perdida, planificación alterada y coste económico directo.
Para una gran empresa, quizá estas incidencias puedan diluirse dentro de una estructura amplia. Para una pequeña empresa subcontratada, cada día perdido cuenta. Cada desplazamiento en vacío cuenta. Cada trabajador parado cuenta. Cada coste añadido cuenta.
Desde ANSPI creemos que ha llegado el momento de abrir un debate serio sobre esta situación. No se trata de rechazar la gestión documental ni de negar la necesidad de control. Se trata de reclamar proporcionalidad, transparencia y equilibrio. Se trata de evitar que herramientas que deberían estar al servicio de la organización se conviertan en un nuevo peaje para las empresas que realmente ejecutan los trabajos.
Las empresas de pintura y del conjunto de oficios vinculados a la construcción ya soportan una elevada carga normativa, laboral, preventiva y administrativa. Lo razonable sería avanzar hacia sistemas más sencillos, interoperables y proporcionados, que permitan cumplir sin duplicar esfuerzos y sin imponer costes injustificados.
También es necesario analizar si determinadas prácticas pueden suponer una imposición abusiva de condiciones comerciales o una forma de trasladar a la subcontrata responsabilidades y gastos que deberían ser asumidos de manera equilibrada por todas las partes implicadas en la cadena de contratación.
El futuro del sector pasa por la profesionalidad, la seguridad y la digitalización, sí. Pero también por el respeto a las empresas que sostienen la actividad diaria en las obras. Empresas que cumplen, que generan empleo, que invierten en formación, que asumen riesgos y que merecen unas condiciones justas para poder trabajar.
La tecnología debe estar al servicio de las empresas, no al revés.
Porque cumplir no puede convertirse en pagar más, trabajar más horas de oficina y asumir más obstáculos para poder hacer el trabajo para el que hemos sido contratados.
En ANSPI seguiremos defendiendo a nuestras empresas asociadas, dando voz a sus problemas reales y reclamando soluciones que hagan el sector más justo, más eficiente y más respetuoso con quienes cada día lo sacan adelante.