España, a la cola de la Unión Europea en materia de normativa de eficiencia energética

Fuente: El Economista.
El actual Gobierno en funciones considera que la eficiencia energética es uno de los asuntos que deberá tratarse en la próxima legislatura de manera prioritaria. Y no es para menos: España es el único de los grandes países de la UE que no ha traspuesto a su ordenamiento interno la obligación de que las grandes empresas hagan auditorías energéticas, incluida en la Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética. La Comisión Europea ya ha abierto a nuestro país un procedimiento de infracción por ello.
En altas esferas se dice que no haber traspuesto dicha Directiva no es tan importante, porque hay muchos otros países de la UE en la misma situación. Es cierto, pero la cuestión es que España es el único de los grandes países que no lo ha hecho, a menos que se incluya a Polonia en el grupo de los grandes.
Según un informe de Eurochambers, la Asociación de las Cámaras de Comercio e Industria de la UE, del pasado mes de septiembre, en la misma situación que Polonia y España están Luxemburgo, Grecia, Estonia, Letonia y Lituania. Además de ellos, el informe indica que Holanda, Eslovenia y Croacia sólo han traspuesto la obligación de hacer las auditorías parcialmente.
España ha incorporado al ordenamiento interno buena parte de la Directiva con la Ley 8/2014, pero no ha desarrollado varios de sus preceptos; está pendiente, por ejemplo, un Real Decreto que regule las auditorías energéticas y otras disposiciones, como la obligación de instalar contadores individuales en las calefacciones centrales, así como otra norma para los Certificados de Ahorro Energético (CAF), también conocidos como certificados blancos.
Recursos por el vacío legal
La falta de desarrollo normativo no sólo ha provocado que la Comisión nos expediente; también tiene efectos judiciales: una veintena de empresas ha recurrido al Tribunal Supremo.
La Directiva establece que las comercializadoras de energía ahorren un 1,5% de sus ventas anualmente o que contribuyan con una cantidad equivalente al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE). Pero al no haberse desarrollado la normativa de los CAF, las empresas afectadas no pueden demostrar que hayan hecho ahorro alguno, por lo que están directamente obligadas a contribuir económicamente.
Para el próximo año 2016 el Gobierno ha previsto que las aportaciones de estas compañías al FNEE asciendan a 206 millones de euros. Los mayores contribuyentes serán Repsol, con 37 millones; Endesa, con 25 millones; Gas Natural Fenosa, con 22 millones, Cepsa, con 19 millones, e Iberdrola, con 12 millones.
Por otro lado, el Gobierno ya podría haber traspuesto la parte correspondiente a las auditorías energéticas de la Directiva, porque el decreto que las contempla está esperando desde hace meses para su aprobación. Sin embargo, no lo ha hecho porque -según se presume en el sector- obliga ha hacer ciertos desembolsos y eso «podría haber ahuyentado votantes».
Según las estimaciones de Industria, la obligación de hacer las auditorías afectará a 3.782 organizaciones con más de 250 empleados o 50 millones de facturación, que deberán analizar 23.411 establecimientos. Dependiendo del tipo de empresa que sea, el coste oscilará entre los 18.700 euros para la industria y los casi 3.000 euros para la mayoría de los servicios; a un comercio le supondrá alrededor de 6.000 euros, y a una constructora, unos 10.200.
En total, las empresas tendrán que destinar más de 158 millones de euros, pero a cambio, si toman medidas tras las auditorías para reducir su consumo, podrían obtener unos ahorros estimados de forma gruesa en 1.000 millones.
Diferencias nacionales
De acuerdo con el informe de Eurochambers, muchos de los Estados miembro no han traspuesto literalmente la Directiva. Por ejemplo, Italia y Dinamarca, entre otros, no sólo obligan a las grandes empresas a pasar las auditorías; también incluyen un criterio por consumo de energía que afecta a todas las empresas, con independencia de su tamaño. En el decreto español pendiente de aprobación no se contempla el criterio energético.
Otro aspecto en el que se aprecian diferencias es el grado de capacitación exigido para hacer las auditorías. Algunos, como Alemania, además de formación específica, exigen años -hasta 10- de experiencia laboral en la materia. En el caso de España bastará tener reconocida una competencia profesional adquirida.